– Se introduce la obligación de constituir una garantía del 110 % de la cuota del IVA correspondiente
– Se obliga a los operadores a liquidar el IVA mensualmente y a registrar sus facturas electrónicamente.
El 21 de diciembre de 2024 se publicó la Ley 7/2024, que introduce medidas clave para combatir el fraude fiscal, especialmente en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) relacionado con la extracción de hidrocarburos de depósitos fiscales. Estas disposiciones, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2025, buscan reforzar la transparencia y evitar prácticas desleales que han impactado negativamente tanto a la Hacienda Pública como a la competencia en el sector.
La normativa establece que el último depositante o el titular del depósito fiscal que sea propietario del producto será responsable del ingreso del IVA generado al extraer gasolinas, gasóleos o biocarburantes. Para garantizar este ingreso, se introduce la obligación de constituir una garantía del 110 % de la cuota del IVA correspondiente. Esta medida, diseñada para prevenir la evasión fiscal, incluye excepciones para operadores confiables, definidos como aquellos que cumplen estrictos requisitos de volumen de operaciones y solvencia financiera.
Liquidación mensual y control electrónico del IVA
Además, la Ley refuerza la responsabilidad solidaria de los titulares de depósitos fiscales que permitan la salida de productos sin cumplir los nuevos controles. También se obliga a estos operadores a liquidar el IVA mensualmente y a registrar sus facturas electrónicamente mediante el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII-IVA), lo que permitirá un seguimiento más eficaz de las operaciones.
Estas modificaciones se complementan con cambios en la regulación del Impuesto sobre Hidrocarburos, dirigidos a combatir la comercialización de «combustibles de diseño», productos alterados para eludir controles fiscales. La Ley impone sanciones más severas y refuerza los requisitos documentales para garantizar que los impuestos se abonen correctamente.
Con estas medidas, la Ley 7/2024 marca un hito en la lucha contra el fraude fiscal en el sector de hidrocarburos, protegiendo los ingresos públicos y fomentando una competencia más justa. El cumplimiento de estas obligaciones será esencial para los operadores, quienes deberán adaptar sus procedimientos internos para alinearse con las nuevas exigencias normativas.