El Real Decreto-ley 7/2026, que modifica la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, adelanta a doce meses el plazo para que las empresas obligadas dispongan de un Plan de Transporte al Trabajo (PTT). Con esta modificación, las compañías afectadas deberán tenerlo implantado antes de finales de 2026, un año antes de lo previsto inicialmente.
La obligación afecta a empresas y entidades públicas o privadas con centros de trabajo de más de 200 trabajadores, o 100 por turno. El plan deberá analizar los desplazamientos al trabajo e incorporar medidas para reducir el consumo energético y las emisiones asociadas.
El artículo 26, tras su modificación, exige que el PTT incluya:
- Diagnóstico de los desplazamientos de empleados, visitantes y proveedores
- Medidas de movilidad activa, transporte colectivo y soluciones compartidas
- Impulso del teletrabajo cuando sea posible
- Infraestructuras para vehículos de cero emisiones y puntos de recarga
- Actuaciones de seguridad vial laboral y prevención de accidentes in itinere
- Indicadores de seguimiento y evaluación periódica
Además, los planes deberán coordinarse con los planes de movilidad municipales y podrán contemplar medidas de compensación de huella de carbono cuando no sea posible reducir emisiones directamente.
El Real Decreto-ley también endurece el control del cumplimiento. Las empresas beneficiarias de ayudas públicas vinculadas al plan de respuesta a la crisis energética deberán disponer del PTT, ya que su incumplimiento conllevará la devolución de las ayudas recibidas.
Esta obligación afecta especialmente a grandes centros logísticos, plataformas de transporte y empresas con alta concentración de plantilla.
Fuente: ZEOLOS