El Congreso de los Diputados ha rechazado por segundo año consecutivo la prórroga del límite de facturación anual de 125.000 euros que permite a los transportistas autónomos continuar acogidos al régimen de módulos. La votación impide, por ahora, que esta medida fiscal se aplique en 2026 y vuelve a situar a miles de profesionales del transporte por carretera en un escenario de incertidumbre normativa.
La prórroga había sido aprobada previamente por el Gobierno en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 23 de diciembre e incluida en un Real Decreto-ley ómnibus de medidas sociales y económicas. Sin embargo, el texto no ha logrado el respaldo parlamentario necesario para su convalidación. El rechazo no se ha centrado exclusivamente en la medida fiscal que afecta al transporte, sino en el conjunto del decreto, que agrupaba iniciativas de muy distinta naturaleza.
El decreto ómnibus desvirtúa el debate sobre los módulos
Desde el ámbito parlamentario se apunta a que la inclusión de la prórroga del régimen de módulos dentro de un decreto ómnibus ha condicionado su resultado.
Esta fórmula legislativa, que obliga a aceptar o rechazar en bloque un amplio paquete de medidas, ha llevado a que partidos de la oposición voten en contra del texto en su conjunto, pese a no cuestionar necesariamente algunos de sus contenidos de forma individual. El debate, por tanto, no se ha situado tanto en la idoneidad de la medida para los transportistas autónomos como en la estrategia empleada para su tramitación.
Las consecuencias prácticas afectan directamente a más de 30.000 transportistas autónomos que habían iniciado el ejercicio fiscal bajo el régimen de módulos. De no aprobarse en las próximas semanas una solución normativa o administrativa alternativa, estos profesionales podrían verse obligados a abandonar dicho régimen y tributar en estimación directa durante el resto del año, con el consiguiente impacto en su planificación económica y fiscal.
La situación repite el escenario vivido en 2025 y vuelve a poner de relieve la fragilidad del marco regulatorio del régimen de módulos en el transporte por carretera, dependiente de prórrogas anuales aprobadas en plazos muy ajustados.