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“Empresas buzón”, por Manuel Pérezcarro

Hace más de un año denunciábamos en estas páginas la denominada “rumanización” de las empresas de transporte españolas, una práctica fraudulenta para concurrir en el mercado con ventajas competitivas no desdeñables como salarios más bajos, cotizaciones ridículas, nulo control de la inspección de transportes, etc.

Estas malas prácticas acarrean, además, el denominado “dumping social” y para evitar ambas cosas, la Unión Europea aprobó la Directiva 2014/67/UE cuyo objeto, es impedir, evitar y combatir cualquier abuso o cualquier elusión de las normas aplicables por parte de las empresas que sacan un provecho indebido o fraudulento de la libre prestación de servicios transnacionales, exigiendo que la empresa esté auténticamente establecida en el Estado miembro, debiendo analizar su volumen de negocios en ese Estado al objeto de determinar si esa empresa realiza verdaderamente actividades sustantivas y no puramente de gestión interna o administrativas.

Esta Directiva ordena a los estados miembros su aplicación, a más tardar, el 18 de junio de 2016. Francia, Alemania, Bélgica o Austria ya lo han hecho. España, a pesar de haberlo solicitado por parte del sector, no lo ha hecho todavía y ya no lo hará en esta legislatura e imagino que tampoco será algo urgente para el nuevo gobierno salido de las urnas el próximo 20 de diciembre, por lo que, con suerte, llegaremos al término del plazo para ver traspuesta esta directiva.

El descaro no tiene límites. Ya ni se molestan en comprar los vehículos en el país de establecimiento de su empresa buzón.

Mientras tanto, las empresas españolas que tienen constituidas empresas buzón en otros países como Rumanía, Bulgaria o Portugal, aprovechan las circunstancias favorables de la economía para ampliar sus flotas, no con la empresa española, sino con su empresa buzón, hasta el punto de que ya es mayor el número de vehículos y conductores adscritos a sus empresas buzón que a la empresa española.

El descaro no tiene límites. Ya ni se molestan en comprar los vehículos en el país de establecimiento de su empresa buzón. Los compran en España y salen del concesionario correspondiente con las placas de matrícula y documentación del Estado donde se encuentra radicada su empresa buzón.

El problema de estas prácticas anticompetitivas no era muy grande hace tres años porque no había muchas empresas que realizasen esta acción fraudulenta. Ahora, puede ocurrir como con las “falsas cooperativas de transporte” que, a la vuelta de un año, nos encontremos con un problema de dimensiones colosales que haga caminar hacia la ruina a las empresas que cumplen estrictamente la legalidad, abonan salarios decentes a sus conductores, cotizan a la carísima Seguridad Social española y están permanentemente sometidas a los controles de las inspecciones de Trabajo, Transportes o Hacienda.

No se comprende la pasividad de la Administración Española, que incluso, en algún momento ha llegado a defender este tipo de conductas, imagino que confundiendo lo que es la implantación de una empresa española en un país extranjero para desarrollar en el mismo su actividad; lo que se denomina internalización.

Si no se actúa ya y de manera contundente, lo que ocurrirá es que, de las empresas decentes, no quedará más que el buzón para recibir las notificaciones de embargo y las reclamaciones por despido.

Manuel Pérezcarro Martín
Secretario General FROET

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