La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha expresado su firme rechazo a la propuesta de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) que sugiere obligar a los transportistas a adquirir vehículos pesados de cero emisiones. La CETM considera que esta medida, dirigida a la Comisión Europea, no solo es inviable, sino que también limita la libertad de las empresas para elegir la tecnología más adecuada a sus necesidades operativas.
En un comunicado CETM destacó que el sector del transporte de mercancías por carretera lleva años realizando esfuerzos significativos y realizando fuertes inversiones para reducir su huella de carbono y hacer sus flotas más sostenibles. «El compromiso de los transportistas con el medio ambiente es serio y no es justo que no se reconozca».
Los camiones eléctricos actuales no están preparados para realizar largos trayectos sin necesidad de recarga y la infraestructura de recarga es notablemente insuficiente. «No se puede obligar a las empresas a optar por una sola tecnología, la eléctrica, cuando existen otras alternativas viables y más adaptadas a la realidad del sector», señaló la confederación.
En este sentido, la CETM apuesta por el uso de combustibles renovables, que permitirían a los transportistas utilizar la flota actual, ya que son compatibles con los motores de combustión y la infraestructura existente. Esta opción facilitaría la transición hacia un transporte más sostenible sin las dificultades que supone actualmente la electrificación, y sin requerir inversiones masivas en vehículos cuya rentabilidad futura no está asegurada.
Además, la CETM criticó la falta de ayudas por parte de los gobiernos y administraciones públicas para apoyar la renovación de las flotas. «Es inaudito que, a pesar de los esfuerzos que realizan las empresas para reducir sus emisiones, no reciban el apoyo necesario para hacer frente a estos cambios», denunció la organización.
La propuesta de la ACEA también incluye la implementación de tarifas a los usuarios de las carreteras basadas en las emisiones de CO2, así como exenciones para los vehículos de cero emisiones. La CETM calificó esta medida como un «despropósito» que supondría una carga adicional para las empresas. En España, el sector ya contribuye a las arcas del Estado con más de 20.000 millones de euros anuales, y una medida así podría tener un efecto negativo en la economía, encareciendo los productos y dificultando su exportación.