El transporte pesado de mercancías por carretera gana certidumbre tras la presentación del nuevo paquete de medidas de la Comisión Europea para la industria de la automoción y las flotas corporativas. El Ejecutivo comunitario ha confirmado que no impondrá a los transportistas la obligación de contar con un número mínimo de camiones eléctricos, excluyendo expresamente a los vehículos pesados de las nuevas exigencias previstas para las flotas de empresa.
Según la propuesta, a partir de 2030 los Estados miembros deberán garantizar que una parte concreta de los nuevos turismos y furgonetas de empresa matriculados sean de cero o bajas emisiones. No obstante, esta obligación no se extenderá a los camiones, una decisión que responde a las limitaciones técnicas, económicas y de infraestructura que siguen condicionando la transición energética en el transporte pesado.
La Comisión también ha introducido cambios relevantes en su planteamiento sobre los motores de combustión. Finalmente, no se prohibirá su venta en 2035. En su lugar, los fabricantes deberán cumplir un objetivo de reducción del 90 % de las emisiones respecto a los niveles de 2021, permitiendo que el 10 % restante se compense mediante el uso de combustibles electrónicos, biocarburantes o acero hipocarbónico producido en la Unión Europea. Este enfoque permitirá la continuidad de híbridos enchufables y otros vehículos de bajas emisiones.
En el caso de las furgonetas, el objetivo de reducción de emisiones para 2030 se suaviza, pasando del 50 % previsto inicialmente al 40 %.
Los vehículos pesados continúan regulándose por un marco específico aprobado en 2024, que establece reducciones progresivas del 45 % entre 2030 y 2034, del 65 % entre 2035 y 2039, y del 90 % a partir de 2040, tomando como referencia las emisiones de 2019. La Comisión ha anunciado una modificación puntual para facilitar el cumplimiento de los objetivos de 2030, a la espera de una revisión más amplia del reglamento en 2027.
La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha valorado positivamente esta mayor flexibilidad, aunque reclama una revisión urgente del marco aplicable a los camiones y la adopción de medidas que estimulen la demanda.
Este giro comunitario se alinea con las posiciones de países como Alemania o Italia, pero se aleja de la postura del Gobierno español. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, había defendido mantener el veto a los motores de combustión e imponer objetivos de vehículos verdes en las flotas empresariales, una posición que ha generado un fuerte rechazo en el sector. La CETM ha calificado estas propuestas como “prematuras, poco realistas y profundamente negativas”, reflejando la oposición generalizada de los transportistas a una electrificación impuesta sin condiciones técnicas ni económicas adecuadas.