La Comisión Europea ha fijado el 31 de agosto como fecha límite para que España apruebe la reforma de la fiscalidad del diésel comprometida en el Plan de Recuperación si quiere recuperar los 475,3 millones de euros que permanecen retenidos del quinto desembolso de los fondos NextGenerationEU.
Según la evaluación de Bruselas, el Gobierno español no ha cumplido el denominado hito 388, que incluía la entrada en vigor de diversas medidas de fiscalidad medioambiental, entre ellas el incremento de la tributación del gasóleo. La Comisión considera que, sin esta reforma, España no alcanza el objetivo pactado de aumentar de forma permanente los ingresos públicos en un 0,3 % del PIB.
La cantidad retenida corresponde a la mayor parte de los 500 millones de euros suspendidos del quinto pago del Plan de Recuperación. De ellos, 475,3 millones están directamente vinculados a la reforma del diésel, mientras que el resto respondía a otro objetivo relacionado con la digitalización de administraciones públicas que ya habría sido cumplido.
El calendario juega ahora en contra del Ejecutivo. La normativa europea establece que todas las reformas comprometidas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia deben estar ejecutadas antes del 31 de agosto de 2026. Las actuaciones que se adopten con posterioridad ya no podrán computarse para desbloquear los fondos pendientes.
El Gobierno ha intentado en varias ocasiones sacar adelante la equiparación fiscal del diésel con la gasolina, pero la medida no ha prosperado por la falta de apoyos parlamentarios y por el rechazo de los sectores más afectados por el incremento del coste de los carburantes, entre ellos el transporte profesional por carretera.
Desde el sector del transporte se viene advirtiendo desde hace años de que una subida de la fiscalidad del gasóleo supondría un nuevo incremento de los costes de explotación para las empresas, en un contexto marcado por el aumento de los costes laborales, financieros y operativos. Las organizaciones empresariales han defendido reiteradamente que cualquier modificación tributaria que afecte al combustible profesional debe ir acompañada de mecanismos eficaces de compensación que eviten una pérdida de competitividad frente a otros operadores europeos.
La decisión final dependerá ahora de la capacidad del Gobierno para reunir los apoyos parlamentarios necesarios antes de finales de agosto. De no conseguirlo, España corre el riesgo de perder definitivamente los 475 millones de euros asociados a esta reforma fiscal comprometida con la Unión Europea.
FROET considera que una subida de la fiscalidad del diésel supondría un nuevo golpe para la competitividad de las empresas de transporte por carretera, un sector estratégico para la economía que ya soporta un importante incremento de sus costes de explotación. La Federación rechaza que se utilice al transporte profesional como instrumento recaudatorio y defiende que cualquier reforma fiscal debe preservar la viabilidad de las empresas, evitando medidas que encarezcan aún más la actividad y repercutan negativamente en toda la cadena logística y en el precio final de los bienes y servicios.