Rafael Barbadillo, presidente del Departamento de viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera, ha remitido una carta a la Directora General de Transporte Terrestre, Mercedes Gómez Álvarez, solicitando que se aumente la antigüedad de los vehículos utilizados para el transporte escolar, que exige el Real Decreto 443/2001, como medida de apoyo económico al sector.
La actual situación de crisis generada por el COVID-19 y su repercusión en el sector del transporte de viajeros por carretera, con el cese prácticamente total de actividad y de ingresos, ha generado una enorme inquietud, tanto por el mantenimiento de los puestos de trabajo como por la viabilidad económica y continuidad de las propias compañías, previsiblemente más allá de la pandemia, cuando la coyuntura económica del sector turístico, afecte, como se prevé, a los índices de consumo y al turismo, comprometiendo la realización de nuevas inversiones y poniendo en peligro la solvencia de las empresas.
La paralización total del transporte escolar plantea serios problemas relativos a la antigüedad de los vehículos que exige el RD 443/2001 ya que la misma sigue corriendo a pesar de la inactividad obligatoria.
Pasar de 16 a 18 años
Por ello a fin de evitar el perjuicio que se va a causar a las empresas, Barbadillo solicita aumentar el límite de antigüedad de los vehículos a los que se refieren el apartado 1, 1º y el apartado 2 del artículo 3 de dicho Real Decreto y se amplíe de dieciséis a dieciocho años, siempre que hayan superado favorablemente una inspección técnica extraordinaria en una estación ITV, conforme a la normativa reguladora, que versará sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles.
La justificación de esta medida se apoya no sólo en que pueda haber complicaciones por la paralización de fabricación de vehículos e industria carrocera sino, fundamentalmente porque la mayoría de las empresas del sector van a tener dificultades para hacer frente a cualquier renovación de flota a corto o medio plazo. Además, señalar la ausencia de limitaciones de edad en los vehículos de transporte escolar en otros países de nuestro entorno, como en Francia o en Alemania.
Otras medidas para recuperar el sector del autobús
Desde CONFEBÚS también se han solicitado al Gobierno una serie de medidas urgentes que permitan garantizar los servicios esenciales y ayudar al mantenimiento y supervivencia del sector en su conjunto para facilitar su recuperación tras la crisis generada por el COVID-19. Las medidas solicitadas son las siguientes:
• Aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social y pagos de IRPF para todas las empresas de hasta 6 meses sin intereses, debiendo hacerse frente a dichos pagos en un plazo máximo de 24 meses.
• Transferencia urgente a los ayuntamientos por un importe similar al que el Ministerio de Hacienda realiza todos los años como subvención para el mantenimiento del transporte urbano (artículo 119 de la Ley 6/2018 de Presupuestos del Estado). La cantidad deseable sería la de una anualidad, pero dadas las restricciones económicas y solicitan al menos una parte. Esta transferencia debería constar como finalista para los operadores.
• Establecimiento directo de una línea de financiación que dote de liquidez a todas las empresas, mediante préstamos sin interés, para afrontar las necesidades del servicio público.
• En el caso de contratos de servicio público que se gestionan a riesgo y ventura, fundamentalmente en el ámbito interurbano, solicitamos la modificación temporal del régimen económico para que el coste de prestación de los servicios sea asumido y compensado por las Autoridades Competentes, como medida extraordinaria hasta que se restablezca la movilidad.