El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha mantenido una reunión urgente con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para abordar el fuerte incremento del precio de los combustibles registrado en los últimos días a raíz de la crisis bélica en Irán. En el encuentro también participaron el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, la secretaria general de Transportes, Rocío Báguena, y responsables de la Dirección General de Transportes Terrestres.
En apenas diez días se ha producido un aumento significativo y continuado del precio de los carburantes, generando una situación que compromete seriamente la viabilidad de muchas empresas transportistas y la estabilidad de la cadena de suministro.
Ante este escenario, el CNTC ha planteado al Gobierno un conjunto de medidas similares a las adoptadas en 2022 con motivo de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. El ministro de Transportes se ha comprometido a analizar estas propuestas y trasladarlas al próximo Consejo de Ministros.
Entre las principales medidas solicitadas destaca una bonificación mínima de 25 céntimos por litro o kilogramo de combustible, aplicable al gasóleo, gasolina, gas y AdBlue. Asimismo, se han propuesto ayudas directas para las empresas de transporte en función del tipo de vehículo, con un mínimo de 1.500 euros por camión tractor o rígido y 750 euros por furgoneta.
Otra de las propuestas consiste en incrementar la referencia del coste del combustible dentro del índice general de costes del transporte, elevándolo un 10% según tipología de vehículo. De esta forma, el peso del combustible alcanzaría el 40% en el transporte pesado de carga general, el 30% en vehículos de hasta 16 toneladas y el 20% en el transporte ligero.
El Comité también ha solicitado la investigación de las causas del rápido incremento del precio del combustible en un periodo tan corto de tiempo.
Por último, el CNTC ha insistido en la necesidad de que toda la cadena de transporte, incluidas las empresas cargadoras, actúe de forma responsable aplicando de manera inmediata la cláusula de revisión del precio del transporte prevista en el Real Decreto-ley 3/2022, con el fin de garantizar el equilibrio en las relaciones contractuales.
El sector advierte de que, si no se adoptan medidas urgentes, existe el riesgo de que la actividad de transporte se vea seriamente comprometida, con consecuencias directas para la economía y el abastecimiento.