El sector de la conservación y explotación de infraestructuras (Acex) y el de la construcción (Seopan), han vuelto a reclamar al Gobierno que instaure un modelo de tarificación (peajes) de las infraestructuras para solucionar el déficit de inversión y conservación de las mismas.
La novedad en esta ocasión es que Acex y Seopan plantean, abiertamente y sin tapujos, repartirse el pastel de los ingresos que se generarían con las distintas administraciones ya que, como todos sabemos, las arcas están tiesas y el déficit publico disparado gracias a la Covid-19.
El peaje consistiría en la conocida Euroviñeta y la propuesta consiste en aplicar 9 céntimos por kilómetro para turismos y 19 para camiones. Esto significa que un viaje a Madrid costaría 76 euros para los transportistas y 36 a los particulares.
Según declaraciones de nuestro Secretario General, Manuel Perezcarro para La Verdad, en el caso de los viajes de exportación a través de La Junquera, serían 150 euros, contando lo que ya se cobra en Cataluña. Un camión que realice trayectos internacionales puede llegar a pagar 13.000 euros al año en este nuevo impuesto.
Hay que recordad que el Ministerio se comprometió en julio del año pasado a no tomar una decisión sin el consenso previo con el sector.
«Cada vehículo realiza una media de 47 viajes al año con destino a los mercados europeos, lo que se traduce en 470.000 desplazamientos, a una media de 135 euros en peajes», indica. La Euroviñeta no está generalizada en Europa; depende de los países, tramos, tonelaje y rutas. Los transportistas suelen emplear carreteras alternativas para esquivarlos.
«Somos un país periférico, y sería un disparate que la economía y el transporte carguen con estos costes. Nuestro sector ya paga 15.000 millones de euros al Estado cada año a través del impuesto de hidrocarburos, una cantidad importante con la que se puede cubrir el desgaste de las carreteras», dice Perezcarro.
Además, esta propuesta nos parece disparatada desde el momento en el que el transporte por carretera ya contribuye a las arcas del Estado con más de 11.000 millones de euros anuales procedentes del pago del impuesto especial de hidrocarburos y que sirven, no solo para pagar sobradamente por las infraestructuras que utilizamos, sino también para hacer frente a todo tipo de gastos corrientes como, entre otros, la educación y la sanidad.
Por otro lado, estamos absolutamente convencidos de que la implantación de nuevos peajes tendría efectos negativos inmediatos en la competitividad de toda la economía española, encareciendo el precio de nuestros productos, dificultando su exportación como consecuencia de nuestra situación periférica y lastrando la producción y el consumo.