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Fraudes masivos en la venta de combustible amenazan la viabilidad de gasolineras que no pueden competir con precios anormalmente bajos

Las gasolineras y petroleras de España han lanzado un llamamiento urgente a las autoridades ante la proliferación de fraudes millonarios perpetrados por empresas piratas en la venta de combustibles.

Las prácticas ilegales de estas comercializadoras de carburante de dudosa reputación, amenazan la viabilidad de numerosas empresas del sector, que no pueden competir con los precios anormalmente bajos ofrecidos por sus conductas fraudulentas. El sector alerta que las recientes modificaciones legales destinadas a combatir el fraude, promovidas por el Gobierno, han desencadenado una crisis inesperada, incrementando la oferta de combustible pirata en las últimas semanas.

El Gobierno ha respondido con una reforma de la Ley de Hidrocarburos, incluida en el decreto ómnibus de medidas económicas de fin de año, cuyas disposiciones entrarán en vigor el 28 de marzo. Esta moratoria de tres meses ha propiciado un aumento exponencial de prácticas fraudulentas antes de la implementación de los cambios legales.

Alrededor de mil gasolineras, de las 12,000 operativas en España, han estado ofreciendo precios de combustibles por debajo de los costos mínimos generales en las últimas semanas, lo que podría significar ventas a pérdida, según fuentes del sector.

Los fraudes abarcan diversas obligaciones financieras, desde impagos de IVA hasta el incumplimiento de aportaciones obligatorias a entidades como la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) y el Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburantes (SICBIOS).

Se estima que solo el fraude del IVA podría generar un agujero de 700 millones anuales, junto con un 95% adicional por impagos vinculados a los biocarburantes.

Diversas patronales del sector exigen acciones más contundentes y señalan la complicidad de gasolineras que se benefician de estas prácticas ilegales. La CEEES, que representa a un tercio del mercado español, insta a la Administración a tomar medidas decisivas contra quienes quebrantan las reglas del juego, argumentando que estas prácticas condenan a muerte a las estaciones de servicio que cumplen con las normas.

La reforma legal del Gobierno refuerza la capacidad del Ministerio para sancionar a las empresas que no cumplan con las obligaciones, retirándoles la habilitación oficial o tomando medidas provisionales de manera urgente.

El foco se centra en la regulación de los distribuidores minoristas de productos petrolíferos, prohibiéndoles suministrar a otras compañías distribuidoras, con el objetivo de frenar las irregularidades en este ámbito.

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