FROET valora de forma muy positiva el contenido del Real Decreto-ley 9/2026, convalidado en el Congreso con amplio respaldo parlamentario, que establece la obligatoriedad de actualizar el precio del transporte por carretera en función de la evolución del coste del gasóleo. La tramitación urgente y el consenso alcanzado refuerzan la seguridad jurídica y la estabilidad de una medida clave para el sector.
La nueva regulación corrige una disfunción estructural: hasta ahora, la posición de dominio de determinados cargadores dificultaba trasladar los incrementos reales del combustible. Con este texto, la revisión pasa a ser obligatoria, evitando prácticas que desvirtuaban la normativa vigente.
Mayor transparencia y seguridad jurídica
El decreto fija que la variación del combustible deberá reflejarse de forma desglosada en factura y aplicarse automáticamente cuando supere el 5%, salvo pacto previo de umbral inferior. En los contratos continuados, la revisión será automática en cada periodo de facturación, aportando previsibilidad a las relaciones comerciales.
Además, se refuerza la seguridad jurídica al declarar nulos los pactos en contrario e incorporar un régimen sancionador específico frente a incumplimientos. La norma también actualiza los coeficientes de revisión según el precio medio del gasóleo, permitiendo ajustar con mayor precisión su impacto en los costes.
Esta reforma responde a una reivindicación histórica del sector y resulta especialmente relevante en un contexto de alta volatilidad del carburante. Contribuye a mejorar la estabilidad financiera de las empresas, reducir la conflictividad y garantizar la viabilidad de un tejido empresarial que opera con márgenes ajustados. Asimismo, consolida un sistema más equilibrado y transparente, sin limitar la revisión de otros costes de explotación.