La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “por no cumplir las normas sobre el acceso a la profesión de transportista por carretera”, según un comunicado enviado por el organismo comunitario, que apela al incumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.º1071/2009, y que fijan que las empresas de transporte por carretera deben disponer de uno o más vehículos matriculados en el Estado miembro de establecimiento.
Frente a este mínimo de un vehículo, la legislación española, sin embargo, obliga a las empresas a disponer de al menos tres vehículos, recuerdan desde la Comisión Europea, para calificar este requisito de “desproporcionado” y apuntar que “puede ser discriminatorio contra los pequeños transportistas, que muy a menudo solo disponen de un vehículo y quedan por tanto excluidos del mercado del transporte por carretera”.
Fue el pasado mes de febrero cuando la Comisión Europea envió un dictamen motivado a las autoridades españolas. “Dado que España no ha adecuado su legislación al Derecho de la UE, la Comisión Europea ha decidido llevarla ante el Tribunal de Justicia de la UE”, argumentan en la Comisión.
Recuerdan desde Bruselas, que la legislación sobre transporte por carretera de la UE tiene como objetivo crear una igualdad de condiciones para todos los operadores de transporte por carretera. El Reglamento (CE) no 1071/2009 establece cuatro condiciones que deben cumplirse por todas las empresas de la UE cuyo objetivo es operar en el sector del transporte por carretera. A saber, se debe:
– Tener un establecimiento efectivo y estable en un Estado miembro;
– Gozar de buena reputación;
– Poseer la capacidad financiera apropiada; y
– Tener la capacidad profesional necesaria.
Con el fin de cumplir con el requisito de establecimiento eficaz y estable, las empresas deben tener a su disposición uno o más vehículos matriculados en el Estado miembro de establecimiento
El requisito de flota mínima de tres camiones es defendido desde la práctica totalidad del sector asociativo del transporte español, así como desde el Ministerio de Fomento, tal y como quedó demostrado durante la pasada edición del Congreso de CETM celebrado en Bilbao, cuando fue la propia secretaria general de Transporte, Carmen Librero, quien se mostró dispuesta a llegar hasta los tribunales europeos para defender la peculiaridad normativa española. Ante esta disposición de Fomento a defender el asunto en la justicia, la Comisión Europea parece que no ha evitado el combate en campo abierto y ha tomado la iniciativa para que sean los tribunales quienes se pronuncien.
Por otro lado, el mínimo de tres camiones es objeto también de enfrentamiento judicial dentro de España, dentro de la Audiencia Nacional, ya que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tampoco es favorable al mantenimiento de este requisito.