Dudan que se pueda garantizar el servicio al inicio de curso cuando el convenio anterior ya no está vigente “y la propia consejera dijo que no podía prorrogarse”.
Tachan de “surrealista” que amenazara con sancionar a quienes se sumaran al paro “y ahora quiera que esas mismas empresas le arreglen el desaguisado”.
Las empresas de transporte de viajeros que prestaban servicio de autobús escolar a los centros de Primaria y Secundaria dependientes de la Consejería de Educación y Cultura han mostrado hoy su “perplejidad” ante la misiva en la que se les convoca a una reunión el próximo 24 de agosto, apenas unos días antes del inicio del curso 2021-2022, por lo que consideran conveniente un adelanto “urgente” de la fecha de celebración.
En este sentido, dudan que se pueda garantizar el servicio de transporte escolar el próximo mes de septiembre, toda vez que el convenio marco anterior ya no está vigente. De hecho, recordaron que la reivindicación central de todas sus protestas “fue pedir una prórroga y la propia consejera dijo que no podía prorrogarse”.
Desde el Departamento de Viajeros de FROET recuerdan que “todo esto empezó con un compromiso de la anterior consejera de prorrogar el acuerdo marco de 2009 mientras no se redactara un nuevo acuerdo en el que se tuviesen en cuenta los costes reales del transporte, para a partir de ellos fijar el precio razonable de licitación. Ese acuerdo expiró el pasado 21 de junio y la actual consejera se negó a prorrogarlo, aunque el acuerdo vigente daba la posibilidad de hacerlo hasta el 2024, en un primero momento, y hasta 2027 en una última prórroga; porque, según argumentaba, tenía informes negativos de los servicios jurídicos, según dijo en una rueda de prensa el día 23 de junio”.
Por ello, calificamos de absolutamente delirante lo que está ocurriendo, al tiempo que acusamos al Gobierno regional de tratar el sector del transporte con un menosprecio absoluto al que pretende utilizar según le convenga.
Que la Consejería ahora hable de una prórroga hasta finales de año, según el criterio de sus servicios jurídicos sería igualmente una ilegalidad. A su vez, recordaron que las empresas fueron amenazadas con la prohibición de contratar con las entidades del sector público si participaban en el paro patronal convocado a finales de junio.
Es surrealista que ahora quieran que esas mismas empresas les arreglen el desaguisado y acusamos a la Consejería de intentar estirar como un chicle el argumento del expediente de Competencia, en el que no se indica para nada que existan deficiencias en el contrato de 2009.
Y es que, según el Departamento de Viajeros de FROET, la excusa de hablar de Competencia que en todo caso afecta a una veintena de empresas solamente y calificar a todas como cártel se les acaba de venir abajo, porque precisamente usaron dicha excusa para justificar la no concesión de la prórroga, y resulta que ahora dicen que sí se puede.
ESCASO INTERÉS
Consideramos que todo este paripé de la Consejería es un numerito para ganar tiempo a la vista del escaso interés que ha despertado el nuevo acuerdo marco. Según las cifras publicadas en los medios de comunicación, se han presentado una decena de empresas y no a todas las zonas, una cifra ridícula para un acuerdo marco al que tendrían que haber concurrido, al menos, 80 empresas para todas las zonas.
Este escaso interés evidencia que los precios ofertados y las condiciones laborales que conllevarían son, tal y como dijimos, nada realistas y suponen ruina para el sector. Además, el acuerdo marco supone dos subastas y dos rebajas de precios.
Finalmente, desmentimos que las medidas cautelares sean un trámite habitual en los tribunales como sostiene el Gobierno regional, ya que no se conceden si el Tribunal no ve en los recursos presentados, fundamentos suficientes para que pueda prosperar la reclamación.