Las correspondientes Oficinas Gestoras de Impuestos Especiales, han comenzado a resolver las reclamaciones del céntimo sanitario por ingresos indebidos, es decir, de los períodos no prescritos (2010-2012)
En estas comunicaciones se proponen unas cantidades en euros a liquidar con reducciones que, en algunos casos, llegan al 100 por cien de lo reclamado.
La Agencia Tributaria argumenta esta «quita» sobre la base de que a las devoluciones reconocidas hay que aplicarles la Directiva 2003/96 del Consejo, en virtud de la cual, teniendo los Estados miembros la obligación de aplicar unos niveles mínimos de imposición sobre los productos energéticos, que España cumplió en parte, mediante el declarado ilegal IVMDH, el Gobierno español entiende que para garantizar el cumplimiento de la mencionada Directiva, a la solicitud de devolución de los ingresos indebidos habría que restarle ese nivel mínimo impositivo, lo que entendemos es injusto y totalmente improcedente.
Por ello, desde FROET entendemos que dichas resoluciones son arbitrarias y consideramos que deben ser recurridas, ante los Tribunales Económicos-Administrativos, y en su caso ante los Tribunales de Justicia.
Por otra parte, este martes, 28 de octubre, las organizaciones nacionales de transportistas representadas en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) se reunirán en la sede del ministerio de Fomento para acordar las posibles movilizaciones a llevar a cabo en contra del “tijeretazo” que pretende aplicar el ministerio de Hacienda.
Sobre este asunto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado, en una comunicación formal, que sólo el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya puede interpretar cómo aplicar la sentencia sobre devolución del céntimo sanitario. De este modo, deslegitima la estrategia llevada a cabo por la Agencia Tributaria, que implica la devolución del tramo autonómico del impuesto (lo que en algunos casos podría ser la mitad del importe reclamado por los transportistas, que acumulan más de 200.000 expedientes de reclamaciones) en lugar de su totalidad.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha informado que la Comisión Europea “podría iniciar un procedimiento ante este Tribunal denunciando al Reino de España por incumplimiento” en el caso de que se considerase que España no respeta el fallo dictado por el Tribunal de Justicia europeo.