La Federación Nacional francesa de Transporte por Carretera FNTR, una de las más importantes del país vecino, ha criticado duramente al primer ministro Valls por la puesta en marcha de la Ley Macron, que en opinión de la organización francesa de transportes no ha servido para nada, solo para enriquecer a los llamados “representantes en Francia”.

Traducimos aquí el texto publicado en http://www.fntr.fr/lactualite/actualites/edito-fntr-paris-detache-plus-blanc?field_domaine_tid=All&field_expertise_tid=All

Paris détache plus blanc

“Es curioso ver a nuestro primer ministro arremeter contra la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, e incluso amenazar con no aplicarla… sólo 3 días después de entrar en vigor la norma francesa para el transporte por carretera. Esta versión francesa que pretende dar ejemplo, obliga a la empresa extranjera a designar un representante en Francia, proporcionar al conductor un certificado que indica que se le paga un salario conforma al convenio francés, por las horas o días que esté trabajando en Francia, y hace corresponsables a los cargadores franceses.

Como de costumbre, queremos hacer algo mejor que Europa. Queremos ser más papistas que el papa. Pero ¿por qué este repentino arrebato? Probablemente porque, finalmente, se ha llegado a entender que todo esto no va a repercutir en las arcas del Estado francés. De hecho, en el desplazamiento de trabajadores, las cargas sobre la nómina se pagan en el país de origen. En cuanto al salario mínimo francés, un conductor del este lo alcanza fácilmente con su salario fijo, sí, pero complementado con generosas cantidades diarias (dietas). Una “bonita” nota del Tesoro afirma que un empleado desplazado secundado cuesta más que un empleado nacional, nadie se lo cree realmente. Lo más grave es que a fuerza de aplicar ideología en este tema, ha salido el tiro por la culata.

Porque el supuesto que debería haberse tenido en cuenta es el caso del cabotaje permanente de conductores que pasan una vez a la semana la frontera y permanecen en territorio francés la mayor parte de su tiempo. Legalmente, y según la legislación europea, estos empleados deberían entonces ver su contrato de trabajo regido por la legislación francesa y sus empleadores deberían pagar las cargas sociales en Francia.

Pero al adoptar el “desplazamiento” y su aplicación en el transporte, el Gobierno francés ha permitido oficialmente que se sigan pagando cargas sociales e impuestos sobre la nómina en otro lugar, incluso si el conductor pasa la mayor parte de su tiempo en Francia. El Estado pierde, las empresas de transporte francesas no ganan nada en absoluto (excepto, probablemente, sufrir aún más controles). Los únicos que se benefician son estos «representantes» que cobran dinero a las empresas extranjeras para que puedan cumplir con la legislación francesa. Lo triste es que en la próxima campaña electoral se nos dirá que tomamos medidas contra el dumping social…“