El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el acuerdo entre instituciones para modernizar las normas sobre los permisos de conducir, introduciendo un carné digital válido en todos los países miembros y permitiendo que jóvenes de 17 años puedan conducir turismos, camiones y furgonetas, acompañados por un adulto experimentado.
Implementación del carné digital
El nuevo permiso de conducir digital estará disponible en dispositivos móviles y formará parte de la cartera de identidad digital europea, facilitando la gestión y renovación de los permisos de manera online. Aunque se espera que esté plenamente implementado para 2030, los conductores podrán seguir solicitando el carné físico si así lo desean.
España ya cuenta con el carnet digital
En España, la Dirección General de Tráfico (DGT) ya ofrece la aplicación miDGT, que permite a los conductores llevar una versión digital de su carné en el móvil. Sin embargo, actualmente este formato digital no es reconocido fuera del país, lo que obliga a los conductores a portar el documento físico al viajar al extranjero. La implementación del permiso digital europeo solucionará esta limitación, garantizando su validez en todos los Estados miembros.
El camión se podrá conducir con 18 años y el autobús con 21 años
Además del carné digital, la nueva directiva europea establece un período de prueba de al menos dos años para los conductores noveles, con normas más estrictas respecto al consumo de alcohol y drogas. También se reducen las edades mínimas para obtener licencias profesionales: 18 años para camiones y 21 años para autobuses, siempre que se posea un certificado de competencia profesional. En España ya es posible desde el año 2020.
Permiso C+E directamente sin pasar antes por el C
La reforma suprime la obligatoriedad del permiso C para optar al CE. Ahora se permitirá el acceso directo al permiso para conducir vehículos articulados más pesados (categoría CE) sin necesidad de haber obtenido primero la licencia para camiones rígidos (categoría C).
Cuándo entrará en vigor
Los Estados miembros disponen a partir de la publicación de la normativa de tres años para incorporar la directiva a su legislación nacional y un año adicional para su aplicación efectiva.