El 6 de septiembre pasado, el Comité Nacional de Transportes por Carretera mantuvo una reunión con el director del departamento de Promoción de la Competencia, de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, para tratar uno de los problemas, quizás el más importante, por los que atraviesa el sector en estos momentos: los abusos a los que está sometido en la contratación de sus servicios debido a la posición de debilidad en la que se encuentra frente al cargador.
Ha llegado un punto en que el sector se está viendo obligado a reclamar la protección del Estado al verse incapaz de resolver el problema.
Una de las soluciones sugeridas en dicha reunión, y que podría ponerse en marcha, es impulsar una ley de medidas similar a la que existe desde el 2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
He tenido la curiosidad de consultar esta norma y he encontrado enormes similitudes entre la cadena del sector agroalimentario, al que es de aplicación esta ley, y la cadena logística.
Alguien ha comparado la cadena alimentaria como un conjunto de eslabones que deben contribuir a un funcionamiento eficiente y que, en los últimos años, ha generado una estructura similar a una botella.
Uno de los problemas, quizás el más importante, por los que atraviesa el sector en estos momentos: los abusos a los que está sometido en la contratación de sus servicios debido a la posición de debilidad en la que se encuentra frente al cargador.
El productor agrario, afectado por un alto nivel de atomización -al igual que ocurre con el transportista en la cadena logística- ocuparían la parte más ancha de la botella. En la parte intermedia de la botella estaría la industria alimentaria – en el caso del sector del transporte ocuparían este lugar, además, las pequeñas y medianas empresas industriales y los operadores logísticos-. En el cuello de la botella se colocarían, en el caso de la cadena alimentaria, la gran distribución y, en el caso de la cadena logística, esta última y las grandes corporaciones industriales.
Del preámbulo de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, me ha llamado la atención el párrafo que dice que, “un análisis de la situación actual de la cadena de valor evidencia la existencia de claras asimetrías en el poder de negociación que pueden derivar, y en ocasiones derivan, en una falta de transparencia en la formación de precios – ¿les suenan los tender? – y en prácticas comerciales potencialmente desleales – véase labores de carga y descarga de los conductores, tiempos de espera… – y con prácticas contrarias a la competencia – léase pagos a más de treinta días- que distorsionan el mercado y tienen un efecto negativo sobre la competitividad de todo el sector agroalimentario”
No me digan que la similitud entre la cadena alimentaria y la logística no es más que evidente.
Otro párrafo del preámbulo de la ley en cuestión, determina que ésta tiene como finalidad mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria de manera que aumente su eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no solo del sector, sino también de los consumidores.
Pues bien, ¿por qué no exigimos desde el sector del transporte de mercancías por carretera, como sector estratégico al igual que el sector agroalimentario, una norma que lo proteja de estos abusos?
¡Vamos! que ya es tarde.
Manuel Pérezcarro Martín | Secretario General FROET
—– Artículo publicado en la Revista FROET En Ruta nº 247 | Octubre 2019 —–